En 2014 entró en vigor en Brasil el Marco Civil de Internet, estableciendo principios, garantías, derechos y deberes para el uso de Internet en el país. Era una forma de reconocer y regular nuevas relaciones jurídico-virtuales, debido a la existencia de numerosos usuarios y proveedores, así como de empresas que trabajan en línea, dado que gran parte de ella no se adaptaba a la nueva realidad digital. El MCI se ocupa de los delitos en línea (delitos cibernéticos) y la neutralidad de la red, estableciendo derechos y garantías para la libertad de expresión, y, a pesar de cuidar la privacidad, terminó dejando un vacío en el procesamiento de datos personales, porque no se prestó la debida atención a su uso, destino, marketing, etc. (SOUZA, 2018).
La ley conocida como Ley General de Protección de Datos (LGPD), Ley N° 13.709 de 14 de agosto de 2018, define cómo el tratamiento de datos personales debe ser realizado por una persona física o jurídica, también cubriendo los medios digitales, con el fin de proteger los derechos fundamentales de libertad y privacidad de las personas, proporcionando una mayor seguridad al público en general.
Esta protección debe realizarse con el fin de garantizar que toda la información recopilada está autorizada por el usuario (este usuario debe ser consciente de qué información se recopiló y para qué fin se utilizará).
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